Un fallo reduce las subas a los jubilados que van a la Justicia

Una decisión de primera instancia modifica el índice de actualización de salarios que hasta ahora siempre se consideraba al ordenar el recálculo de haberes

Silvia Stang LA NACION DOMINGO 02 DE OCTUBRE DE 2016

Un juez de primera instancia del fuero de la seguridad social se apartó de lo que hasta ahora venía sosteniendo la Justicia en sus respuestas a reclamos referidos al cálculo del haber que cobra una persona apenas se jubila. La nueva decisión implica un cambio del índice de actualización con el cual las sentencias le ordenan al Estado ajustar los valores históricos de los últimos 120 salarios trabajados antes del retiro laboral. Un promedio de esos sueldos se utiliza como parte de la fórmula de cálculo del ingreso jubilatorio. Y, por eso, la manera en que se le da a esos números una actualización incide en el monto del haber. El índice que ahora comienza a usar uno de los juzgados le da en muchos casos a las jubilaciones un valor menor, en comparación con el que podía obtenerse hasta ahora por vía de un litigio y más allá de en qué juzgado recaía la demanda.

La modificación del índice fue decidida por el juez Juan Fantini. Según sus argumentos, lo hizo para alinearse con el plan de reparación histórica aprobado por la ley 27.260. Justamente por cuáles son los índices de actualización establecidos para recalcular el ingreso inicial de quienes ya están jubilados, la aplicación de esa norma hace que en muchos casos se ofrezca el pago de un haber mensual mayor al hoy percibido, pero inferior respecto de lo que podría obtenerse al ir a la Justicia. LA NACION accedió a una sentencia de Fantini con el nuevo criterio, aunque la persona demandante pidió no ser identificada.

El eje del conflicto está en el hecho de que durante varios años no se dio un debido ajuste al valor nominal de los salarios usados en la fórmula (de hecho, el tema se resolvió pero sólo hacia adelante en el tiempo, con la decisión de usar como actualizador el índice de la ley de movilidad que está vigente desde 2009). Y entonces, se produjo una subestimación de las jubilaciones por la fuerte desvalorización que sufrió el peso. Por eso, en 2009 la Corte Suprema ordenó actualizar esos salarios, en su sentencia referida a la demanda del jubilado Alberto Elliff. Allí, los jueces decidieron también qué índice tomar en cuenta: optaron por el llamado ISBIC, que sigue la evolución de salarios básicos de la construcción y la industria.

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Ese índice tuvo una evolución, en determinados períodos, muy superior a la del indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es el elegido por la Anses para el recálculo de haberes en el nuevo plan de reparación. La ley fija el uso de ese índice para los salarios percibidos entre 1995 y 2008, en tanto que usa otra variable (el Nivel General de las Remuneraciones) para un período previo. Este es uno de los motivos por los que hay ofertas del plan oficial menores de lo esperable de la Justicia. Según explicaron en su momento en la Anses, la elección del Ripte respondió al hecho de que es menos volátil que el Isbic y a que en el fallo Elliff la Corte le reconoce al Poder Ejecutivo la facultad de elegir el índice de actualización. Este argumento está citado por el juez Fantini.

En la Anses hay expectativas respecto de un cambio del índice que, al final del camino, sea convalidado por la Corte Suprema. El dato curioso es que quien por ahora se apartó de la jurisprudencia, es el mismo juez que días atrás hizo lugar a una medida cautelar suspendiendo el uso del fondo de garantía previsional para hacer frente a los pagos del plan oficial (decisión que luego fue revertida por otro magistrado).

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Consultado por LA NACION, el abogado Adrián Tróccoli dijo que el nuevo fallo produce como efecto que el primer haber -ya con el reajuste aplicado tras un juicio- “represente entre 50 y 61%” del último salario cobrado por quien se jubila, un rango que sería de “entre el 80 y el 89% si en cambio se tomara el Isbic”. La conclusión surge, según explicó, de un análisis realizado en unos 600 casos de personas con un promedio de 35 años de aportes. Por la variación que tuvieron en diferentes años los índices aplicados, sostuvo Tróccoli, los más afectados serán quienes se jubilaron entre 2004 y 2012. “El fallo no explica por qué extienden los parámetros de las normativas de la reparación histórica como si eso fuera obligatorio para el juez”, afirmó el abogado, quien agregó que la Corte exige en la materia que no se dicten parámetros “meramente dogmáticos sino que se pruebe el daño y su reparación con guarismos sólidos”

Con respecto a Fantini, Tróccoli señaló que días atrás suspendió el dictado de sentencias firmes para preguntarle a los demandantes si iban a ingresar al programa oficial de pago de deudas a jubilados, algo que demora los expedientes y para lo cual “la ley no le da facultades”.

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