Discapacidad e inclusión: las deudas de América Latina

Aunque la mayoría de los países del continente firmó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, las observaciones del comité de la ONU revelan deficiencias en la legislación y diseño de campañas en torno al tema. Expertos piden avanzar hacia un modelo de autonomía e incluir la temática en acuerdos económicos vinculantes.

Hace poco más de 14 años que se iniciaron las conversaciones de los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la mesa llamada Ronda de Doha, que, por primera vez, evaluó la inclusión de temáticas sociales en un acuerdo económico vinculante. No obstante, esas conversaciones no han llegado a puerto, y, hasta ahora, no hay una instancia internacional que obligue a los países a mantener estándares de bienestar, pobreza o inclusión a riesgo de tener sanciones comerciales.

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Entre los temas excluidos están los que afectan directamente las personas con discapacidad y a sus familias. No es un tema de minorías: según las cifras más recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un 10% de los habitantes del continente está en situación de discapacidad, pero si se considera a su familia cercana, tocada directamente por las diferentes condiciones, la proporción crece. De ellos, además, un 70% no tiene empleo y, entre los niños, más de un 70% no asiste a la educación formal. El tema es preocupante en las cifras de desarrollo, puesto que, según el mismo informe, la posibilidad de que una familia sea pobre se duplica si tiene un hijo con discapacidad.

“Si el desarrollo es mejorar las condiciones de pobreza de los países, debe incluir la discapacidad”, manifiesta la coordinadora del Magíster en Estrategia y Política Comercial de la Universidad de Chile, Dorotea López. Agrega que “la pobreza tiene una relación bidireccional: la gente en situación de discapacidad son más pobres, porque es más caro y tienen menor acceso a la salud, y por otro, la pobreza también tiene más posibilidades de llevar a la gente a una situación de discapacidad, por la mala nutrición, falta de educación o de trabajo”.

La académica manifiesta que hay una voluntad de incluir temáticas sociales en los acuerdos comerciales, pero que no se ha concretado. “Si uno ve la evolución de los tratados comerciales, los primeros acuerdos son sólo en temas de apertura de fronteras para bienes. Cuando se van complejizando, los Estados reaccionan. Imagínate que si en Chile no se cumpliera la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad se le cerrara las fronteras al cobre, el país tendría mucha más observancia en estos temas”, señala.

Mientras este punto se mantiene como una deuda global, en Latinoamérica se comienzan a identificar las deudas de políticas públicas en torno a la discapacidad. La mayoría de los países firmó la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque no todos han hecho llegar el correspondiente informe al comité que evalúa el cumplimiento de las disposiciones. Hasta ahora, dicho comité ha respondido a Brasil, Argentina y Perú.

“Después de firmar, hay que incorporar normativas a nivel nacional que reconozcan e incorporen las disposiciones de la convención y en eso se están demorando. Si no tienes normas, es muy difícil que puedas avanzar en otros aspectos”, manifiesta la profesora y coordinadora del Magíster de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Tatiana Rein, quien realizó un informe sobre la situación de la convención en Latinoamérica. “Hay ámbitos graves de vulneración de derechos: la violencia a la que se someten estas personas, como pasa en instituciones psiquiátricas del Estado, por ejemplo. Eso es súper grave. Que a una mujer se le someta a esterilización para que su discapacidad no se replique también es gravísimo. Hay países en que las personas con discapacidad no tienen acceso alguna a la justicia, porque son personas interdictas, como si no pudieran actuar. En lugares donde hay más avance, se necesita un mayor acceso a infraestructuras”.

Según reporta Rein, el comité solicitó a Argentina, Perú y Brasil que adapten sus legislaciones a las disposiciones de la convención. En los dos primeros, además, se detectó una falta de levantamiento y difusión de datos estadísticos que permitan visibilizar la discapacidad y diseñar políticas públicas en concordancia.

Hacia la autonomía

Mientras en países tanto dentro como fuera de Latinoamérica se dan pasos para aumentar los niveles de inclusión de personas con discapacidad, hay otras naciones que han avanzado más rápido y se mueven hacia la autonomía. Es el caso de España, desatacado por la profesora del Departamento de Terapia Ocupacional de la U. de Chile, Pamela Gutiérrez. En Chile, dice la académica, “hay una fuerte presencia del modelo médico rehabilitador. Se individualiza la discapacidad y se culpa poco a la persona afectada, que tiene que rehabilitarse para insertarse socialmente. Los profesionales que trabajan se encuentran con una autoconcepción de las personas que sienten que necesitan repararse, porque han sido formados o educados en esa cultura”.

Gutiérrez explica que “viendo el modelo español, hay personas que iban resignadas y que la posibilidad de participar los había habilitado a pensar que no debía ser así, sino que tenía derecho a trabajar a educarse y había que tener ayudas técnicas. La perspectiva del derecho se construye como cultura y en Chile se está viendo ese movimiento. Va a permitir tener un imaginario distinto, más centrado en la autonomía”.

Por su parte, Rein concluye que “ya es un avance que exista la convención y que los países se estén comprometiendo a respetarla. La mayoría de los países latinoamericanos la han ratificado y ese es un primer paso”.

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