¿Derecho del anciano o del jubilado?

¿El sistema se debe ocupar sólo de los que aportaron o debe ofrecerles una alternativa de sustento a todos los adultos mayores en tanto ciudadanos? Qué camino exploró el Gobierno durante la última década y cómo se insertan las moratorias dentro de esa estrategia.

Producción: Tomás Lukin
Página/12
Lunes, 11 de agosto de 2014

Revertir los principios

Por Nicolás Dvoskin *
Los sistemas previsionales siempre han estado tironeados por dos motivaciones: brindar un seguro de vejez a los contribuyentes y garantizar las condiciones de vida de los ancianos. Como nuestro país no es la excepción, en la historia argentina ha sido frecuente la colisión entre ambas visiones. ¿La jubilación es un derecho del jubilado en tanto ha aportado en el pasado, comprando su sustento en la vejez, o es un derecho del anciano en tanto ciudadano, a quien por estar impedido de trabajar le corresponde que se le garantice su derecho a vivir dignamente? ¿O las dos? ¿O ninguna?

A lo largo de la historia de nuestro país siempre tendió a prevalecer la primera, más allá de que la retórica era confusa. Desde que la jubilación se consagra como derecho constitucional en 1949 y 1957 encontramos que, con el argumento de proteger al anciano en su vejez, se va reforzando un sistema contributivo del que sólo recibían beneficios quienes habían aportado. La jubilación es un derecho de los ancianos jubilados, pero que se les otorga sólo a los jubilados por el hecho de ser ancianos. ¿Qué sucede con los ancianos no jubilados?

En 1958 se sanciona la ley 14.499, que crea el principio del 82 por ciento móvil. Allí se establece que a cada jubilado le corresponde el 82 por ciento del salario del trabajador activo que realiza su tarea, atando así los haberes a las negociaciones salariales. Fueron arduos debates en el Congreso, donde los legisladores de todos los partidos reconocían el inalienable derecho a una vejez digna. Sin embargo, en ese momento, sólo un tercio de los adultos mayores percibía una jubilación. Los dos tercios restantes, que no habían cumplido con los años de aportes, estaban exentos de los alcances de una ley que era vista por todos como justa.

Los primeros en cuestionar esta contradicción fueron los economistas que sostenían que era necesario desligar los sistemas jubilatorios de cualquier pretensión redistributiva, que había mejores métodos para combatir la pobreza y que las jubilaciones debían asumir una forma no sólo contributiva sino, también, individualizada. En esto consistió la embestida de los economistas de Chicago en los años ’60 y ’70 (Milton Friedman, James Buchanan y Martin Feldstein, entre otros) contra el sistema previsional estadounidense. Esto se reprodujo desde fines de los ’70 en Argentina, desde el CEMA y mediante la pluma de Roque Fernández. Se propone convertir al trabajador en un bonista que con una parte de su salario va comprando títulos que le rendirán un haber en su vejez. Ya retirado, el poseedor de esos títulos percibe un interés. El haber se determina en la magnitud del éxito de la inversión de sus bonos.

Fue con este espíritu que fueron creadas las AFJP en 1993, aunque con un mecanismo mediante el cual el Estado siguió haciéndose cargo de la mayoría de los pagos, incluso de quienes optaren por el sistema de capitalización. El dilema parece resuelto, jubilaciones y pobreza no se relacionan entre sí y el sistema previsional es un seguro privado. De la pobreza se ocupará el mercado de trabajo y si falla lo hará el asistencialismo, pero ha de quedar claro que planes sociales y jubilaciones son dos cosas distintas.

Sin embargo, el mercado no se ocupa de la pobreza sino que la magnifica, los rendimientos capitalizados de los aportes no alcanzan para cubrir las necesidades de sus afiliados, la informalidad y el desempleo hacen que caigan los aportes. Entonces vuelve el dilema, volvemos a pedir que las jubilaciones alcancen para vivir y se lo pedimos al Estado. Volvemos a reclamar que la jubilación cubra las necesidades de los ancianos. Entonces, ¿por qué lo pedimos sólo para los jubilados y no para todos los ancianos? Más aún, casi la mitad de los recursos de Anses proviene de fuentes tributarias, de impuestos que pagan todos. ¿Por qué lo que pagan todos les corresponde sólo a algunos?

Las moratorias previsionales de la década pasada han ampliado la cobertura, pero creando la ficción de una deuda a saldar en cuotas. Más ancianos reciben sus haberes pero bajo un esquema formalmente contributivo y limitado. Aprovechando que recientemente se envió al Congreso un proyecto de ley para lanzar una nueva moratoria, ¿por qué no ir más allá y proponer una genuina reversión de los principios del sistema, hacia un modelo que tenga como prioridad la satisfacción de necesidades y que reconozca los derechos de la ancianidad, instituyendo una asignación universal a la vejez que nos haga a todos solidarios con el sustento de los ancianos, en vez de reproducir la ficción de las moratorias? De este modo podremos consagrar definitivamente los derechos sociales de los adultos mayores en nuestro país.

* Economista y politólogo CEIL-Conicet, UBA y UNM. Miembro de la Sociedad de Economía Crítica.

Distribución del ingreso

Por Aixa Ratta *
El Gobierno anunció el aumento del 17,21 por ciento de la jubilación mínima a partir de septiembre, en cumplimiento de la Ley de Movilidad Jubilatoria. La mejora supone un incremento interanual de 30,47 por ciento. La magnitud del aumento representa una mejora real del poder adquisitivo de las prestaciones incluso si se compara con las variaciones de precios relevadas por los índices de precios construidos por consultoras privadas.

El mecanismo de actualización automática dos veces por año en los ingresos que perciben 9 de cada 10 adultos mayores es una medida innovadora y representa un quiebre en la orientación del sistema de la seguridad social observada durante la década del 90, época caracterizada por las políticas neoliberales y la reducción del “gasto” social. El ejemplo más concreto fue durante la presidencia de Fernando de la Rúa, cuando se decidió aplicar una rebaja nominal del 13 por ciento de las jubilaciones. La falta de actualización de la jubilación mínima, el enriquecimiento descomunal de las AFJP, la crisis económica y la exclusión de la mayoría de los adultos mayores del sistema previsional provocaron que millones de ancianos se encontraran bajo la línea de pobreza y sin las necesidades básicas de salud, alimentación y vivienda cubiertas.

En ese escenario, en 2003 se decidió decretar el aumento de las jubilaciones mínimas de 150 a 220 pesos. A partir de entonces, todos los años se fueron decretando aumentos sostenidos de las jubilaciones hasta llegar a 690 pesos en 2008. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se impulsaron dos leyes fundamentales para continuar avanzando con las mejoras de los ingresos de los jubilados y los derechos de las personas mayores de edad: la ley 26.425, que eliminó el sistema de capitalización de la AFJP y estatizó los fondos jubilatorios, y la ley 26.417 de Movilidad Jubilatoria, que establece aumentos automáticos de las jubilaciones dos veces al año, en marzo y en septiembre. Con esas legislaciones, los fondos de los jubilados pasaron a ser administrados por el Estado y los haberes jubilatorios aumentaron un 368 por ciento. El incremento sistemático de las jubilaciones y la incorporación de más de 7 millones de jubilados, que implica un nivel de cobertura de aproximadamente el 99 por ciento de esa población cuando se implemente la nueva moratoria, ha tenido un impacto importante en materia distributiva, favoreciendo a uno de los sectores más vulnerables.

La renacionalización de la seguridad social estuvo acompañada por la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para administrar los ahorros del sistema. El desempeño del fondo ha sido muy favorable. Ascendió a 398.110 millones de pesos en mayo, según la última presentación oficial realizada ante la Comisión Bicameral del Congreso. Las cifras difieren significativamente de los 98.083 millones con los que contaba el fondo en diciembre de 2008, cuando se produjo el traspaso de los fondos desde las AFJP a la Anses, lográndose en casi seis años un incremento del 305,9 por ciento. Si lo medimos en dólares, la tasa de crecimiento es de 73,8 por ciento desde diciembre del 2008 a diciembre del 2013.

A pesar de los importantes resultados de las inversiones del FGS, el objetivo no es sólo maximizar el rendimiento del mismo, sino también derivar recursos a sectores estratégicos de la economía real. Las inversiones del FGS se han focalizado en el financiamiento de proyectos productivos imprescindibles para el desarrollo del país, obras de infraestructura nacionales y en el plan de viviendas Pro.Cre.Ar, generando indirectamente miles de puestos de trabajo. Según el último informe del FGS, las inversiones en proyectos productivos representan el 12,6 por ciento del total de la cartera y superan los 50.000 millones de pesos y el financiamiento al programa de créditos hipotecarios Pro.Cre.Ar asciende a casi 15 mil millones de pesos.

Las reformas previsionales implementadas desde 2003 representan una transformación en los ingresos de los jubilados y en la universalización de la jubilación. Más jubilados con mayores ingresos y el crédito a tasas accesibles de la tarjeta Argenta significó un gran impulso del consumo. Las políticas de ingreso e inclusión son fundamentales para dinamizar la demanda interna. Este aumento viene a recomponer el poder adquisitivo de los adultos mayores, y juntamente con las políticas de precios, en septiembre la jubilación real alcanzaría un valor real record.

* Economista del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular.

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-252718-2014-08-11.html